Más críticas a la designación de 18 fiscales afines al kirchnerismo en todo el país

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  lanacion.com - Alejandra Gils Carbó y otra decisión polémica

La agrupación de abogados Será Justicia opinó que la designación por parte de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó , de 18 fiscales afines al kirchnerismo en todo el país buscan poner "obstáculos en la investigación de delitos, especialmente, los referidos a hechos de corrupción donde se involucre a altos funcionarios".

Como explicó LA NACION en su edición de hoy, la procuradora designó a 16 fiscales federales con cercanía a la Casa Rosada en todo el país y a dos fiscales de primera instancia en Comodoro Py 2002, donde se investigan casos de corrupción que afectan al Gobierno. Las resoluciones, firmadas ayer, indican que las designaciones regirán a partir del 2 de febrero.

Los dos nuevos fiscales de la Cámara Federal porteña tendrán poder para dejar que avancen o bloquear investigaciones de corrupción. Actuarán en las nuevas causas y las ya existentes que no tengan aún fiscal de Cámara asignado, pues los expedientes viejos se sortearán entre los nuevos funcionarios nombrados, según las modificaciones aprobadas en el Congreso al convertir en ley el nuevo Código Procesal Penal.

Será Justicia afirmó que con esta última jugada de la procuradora, "el mandato constitucional que justificó su creación [de la Procuración] como un órgano extra poder, independiente y con autonomía funcional, se convirtió así en letra muerta". "Más aún, su función legal de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, se ha quebrado", completaron a través de un comunicado.

"El móvil de tal ruptura institucional anidaría, pues, en la pretensión de convertir a los fiscales nombrados en un obstáculo -cuando no en un ejercicio de encubrimiento- para la investigación de delitos, especialmente, los referidos a hechos de corrupción donde se involucre a altos funcionarios", advirtieron los abogados.

"Bajo la modalidad de subrogantes, se reasignó en diferentes funciones a fiscales que contaban con acuerdo del Senado para otras jurisdicciones, haciendo abuso de las facultades del Anexo II del Código Procesal Penal, recientemente sancionado pero que carece de las leyes complementarias indispensables para su plena y legítima operatividad", explicó la organización.

"La circunstancia de la designación de fiscales, ciertamente, es grave y preocupante, pero la real dimensión del hecho debe conjugarse, además, con las recientes reformulaciones funcionales dispuestas por la Presidente de la Nación que explicitan la prioridad oficial en relación a los asuntos de inteligencia y, en todo caso, revelan el sesgo que desde esa perspectiva se busca imprimir en las instituciones de la República con su correlativo impacto sobre la división de los poderes, la transparencia de los actos de gobierno y, principalmente, la independencia del Poder Judicial", concluye el texto.

Con sus cuestionamientos, Será Justicia se suma a las reservas expresadas por la Asociación de Magistrados, que ayer advirtió que tal despliegue de poder "podría encubrir la intención de controlar las investigaciones penales existentes, especialmente las que tienen como sujetos imputados a funcionarios públicos por hechos de corrupción".

Los nuevos fiscales

La mecánica de Gils Carbó para cubrir los cargos de fiscal general fue valerse de fiscales a los que el Senado les dio acuerdo para otras jurisdicciones y desplazarlos horizontalmente como subrogantes en estos nuevos lugares. Ya lo había realizado con otros fiscales. La ley prevé designar 1713 funcionarios en todo el país.

En la ciudad de Buenos Aires fueron nombrados dos fiscales ante la Cámara Federal que estarán a la par de Germán Moldes, el único que ocupaba ese lugar sin alinearse con Gils Carbó. El puesto es clave, pues deben sostener las apelaciones de los fiscales de primera instancia contra las decisiones de los jueces si deciden archivar expedientes o sobreseer imputados. Si desisten, el caso se cae.

Los que acompañarán a Moldes son Miguel Ángel Osorio, ex fiscal de primera instancia de confesa convicción kirchnerista, ascendido a un tribunal oral aún no conformado y el ex fiscal de Bahía Blanca Miguel Palazzani, que trabajó en casos de lesa humanidad, temas de medio ambiente y pueblos originarios.

En primera instancia, en Comodoro Py, fue desplazado el fiscal Jorge Taiano de la suplencia que realizaba en la Fiscalía N° 5, que ocupó el fallecido Luis Comparatore. El cargo es clave pues allí tramita la causa por Papel Prensa. En esa fiscalía fue nombrado el suplente Leonel Gómez Barbella, de Justicia Legítima, y con acuerdo del Senado para fiscal en General Pico, La Pampa, en una fiscalía aún inexistente.

En Comodoro Py 2002 también fue designado Juan Pedro Zoni, en reemplazo de Gerardo Di Masi, que ascendió. Zoni juró anteayer como fiscal de Santiago del Estero y viene de la fiscalía antilavado que creó la procuradora. El tercer subrogante que nombró Gils Carbó en Comodoro Py es Diego Iglesias, ex secretario federal. Los nombramientos se completan con Francisco Maldonado, designado subrogante ante la Cámara Federal de Mendoza; Enrique Senestrari, que investigó a la policía antidrogas y complicó a allegados al gobernador José Manuel de la Sota, fue puesto en Córdoba; Jorge Bonvehi, de La Pampa, fue designado en Bahía Blanca; Rodolfo Molina y Hernán Schapiro fueron nombrados en La Plata. Schapiro, de Justicia Legítima, juró el año pasado.

En Rosario, fue designada Adriana Saccone, quien persiguió a los policías santafecinos involucrados en un caso de drogas, y Marcelo García Berro -de Justicia Legítima y quien acusó a José María Campagnoli en su fallido jury- fue designado en San Martín. Diego Velasco fue designado subrogante en Tucumán, Carlos Amad, de Justicia Legítima, en Salta. En Capital, ante la Cámara del Crimen, fueron nombrados los fiscales Sandro Abraldes y Fernando Fiszer. Está previsto que se designe a un nuevo fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico.