Ya comenzaron los allanamientos. Horas después de que la Cámara Federal impulsara la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez, el juez federal Sebastián Casanello inició allanamientos para dar con evidencias de un delito anterior cometido por el empresario kirchnerista que justifique su necesidad de blanquear esos fondos.
Las hipótesis sobre ese delito son varias. El juez busca crímenes económicos capaces de producir tal cantidad de plata negra que fuera necesario lavarla antes de volver a introducirla en el mercado.
Casanello ya buscó ese delito en una docena de causas contra Báez abiertas en todo el país, pero la mayoría están archivadas. El juez federal Julián Ercolini tiene abierta una causa ómnibus contra ministros, ex ministros y empresarios ligados a la obra pública que podría alimentar esta hipótesis.
Casanello, tras recibir el pedido del fiscal Guillermo Marijuan para indagar a Báez, ayer subió al fiscal al asunto. No quiere que lo corran. Le pidió colaboración, le encomendó algunas tareas y delegó parte de las tramitación de las medidas de prueba que él pidió. Por lo pronto, le encomendó que colabore con la valoración de los antecedentes que existen en esas causa contra Báez diseminadas por todo el país.
También, que ayude en la realización de un nuevo exhorto a Suiza a partir de información que aportaron los diputados Manuel Garrido y Graciela Ocaña sobre una cuenta de Báez en Suiza ligada a una fundación a su nombre.
Casanello apuntó al hecho más visible: la compra que hizo Leonardo Fariña con plata de Báez de un campo en Mendoza por cinco millones de dólares, que luego vendió en 1,8 millones de dólares.
La ruta del dinero utilizado para esa operación es sugestiva y motorizó los allanamientos ordenados ayer por Casanello en la financiera Maxinta. Fue necesario ampliar la orden de allanamiento porque se realizó en varios pisos del edificio.
El vendedor del campo mendocino declaró que Fariña se presentó con el dinero en efectivo. No está claro si llevó 30 millones de pesos o cinco millones de dólares al cambio de ese momento. Luego, en la causa dijo que la compra la hizo en comisión en nombre de Báez. El vendedor sostuvo que tras la operación viajó con el dinero en efectivo de Mendoza a Buenos Aires y fue a la financiera Maxinta.
Allí, supone el fiscal, le dijeron que no podían recibir la plata si no era mediante una transferencia bancaria. Así fue al Banco Supervielle, donde el comprador abrió una caja de ahorro. Maxinta envió la plata a esa caja de ahorro y desde esa cuenta el dinero fue enviado de regreso a Maxinta. La financiera, por cuenta y orden del vendedor, sacó la plata del país. Se investiga ahora si la operación se realizó o si en realidad encubre una maniobra de lavado, por eso ayer se hicieron los procedimientos en la financiera, para obtener documentos sobre lo ocurrido. También se pidió información al sistema bancario.
Maxinta es investigada además para determinar si su nombre aparece vinculada con facturas truchas, dijo una fuente judicial a LA NACION. Ésa es otra hipótesis que se analiza para determinar si hubo delito precedente en esas maniobras donde las facturas sirven para justificar movimientos de fondos, ya sea en sobornos o para eludir impuestos.
Casanello ya completó ayer las medidas de prueba que pidió el fiscal para avanzar en esas pistas. Parte de la tarea la compartirá con Marijuan, para recabar la información financiera de todos los involucrados, como mencionó la Cámara Federal, y realizar luego un análisis económico de los flujos de dinero.
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